2017 acabó sin novedades en cuanto a financiamiento para paliar esta epidemia. Ahora todo el mundo mira hacia el Congreso
Por Ignacio Torres – Continúan escaseando los recursos para el Fondo de Emergencia de Salud Pública destinados a la puesta en marcha de una serie de medidas para frenar esta crisis. De no colocar un atajo eficaz, se estima que 500.000 personas más podrían morir en la próxima década.
El diagnóstico es alarmante y desalentador: los opiáceos en Estados Unidos están matando a más personas que la Guerra de Vietnam y el VIH/SIDA en sus peores momentos. Son, en promedio, 175 vidas perdidas cada día, y más de 560 mil personas muertas entre 1999 y 2015.
En octubre pasado, el Presidente Donald Trump declaró que la crisis de opiáceos era una “emergencia sanitaria pública” a causa del desbordado consumo tanto de fuertes medicamentos que alivian el dolor (hidrocodona, oxicodona, morfina, etcétera) como de opiáceos ilegales como la heroína. Sin embargo, la medida fue considerada por un amplio sector —en especial por organizaciones dedicadas a combatir las adicciones— como insuficiente, pues entre otros no libera recursos en forma inmediata, como sí hubiese ocurrido con la “declaración de emergencia nacional”.
“Lo que falta es más dinero. Necesitamos significativamente más fondos para los estados que están en primera línea de esta crisis, de lo contrario no podrán implementar programas de prevención y tratamiento que salven vidas”, explicaba el doctor Mitchell Rosenthal, fundador de Phoenix House, una organización sin fines de lucro que ofrece tratamientos para las personas adictas a las drogas y el alcohol.
Enfermedad crónica y no “debilidad moral”
Así, mientras la tarea de destinar recursos ha quedado pendiente en manos del Congreso, la comisión presidencial para combatir la crisis de opiáceos emitió —seis días después de la declaración de emergencia sanitaria— un reporte con 56 recomendaciones, insistiendo en que las adicciones son una enfermedad crónica y no una “debilidad moral”.
Una de estas recomendaciones contempla la ampliación de los “tribunales de drogas” (Drug courts) en todo Estados Unidos. Los tribunales de drogas son servicios judiciales supervisados que proporcionan una sentencia alternativa de tratamiento para las personas con graves problemas de consumo de sustancias y trastornos de salud mental. Estos “tribunales de drogas” adoptan un enfoque de salud pública utilizando un modelo especializado que abarca diferentes servicios judiciales y socio-sanitarios para ayudar a las personas para lograr una recuperación a largo plazo.
De acuerdo al informe de 138 páginas, “son una vía probada para el tratamiento de las personas que cometen crímenes no violentos producto del trastorno por uso de sustancias. Sin embargo, todavía el 44% de los condados del país carecen de un tribunal de drogas para adultos”.
La comisión liderada por el gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, también plantea continuar expandiendo y potenciando el acceso al tratamiento de sustitución con metadona y buprenorfina, que se encuentran dentro de las medicaciones más efectivas contra la adicción a los narcóticos. Lo anterior, puesto que sólo el 10,6% del total de jóvenes y adultos que requieren ayuda para superar esta adicción están recibiendo el tratamiento. Esta situación fue catalogada de “inaceptable” por la misma comisión.
Otra de las recomendaciones del panel de expertos es que el Gobierno Federal maximice el impacto de su respuesta apoyando los programas y políticas más efectivos para reducir la cantidad de personas adictas. Para ello, la comisión plantea que la Oficina de la Casa Blanca de la Política Nacional para el Control de Drogas establezca un sistema de seguimiento y rendición de cuentas para asignar los recursos sólo a aquellos programas que logren metas y métricas cuantificables.
En cuanto a los doctores que prescriben opiáceos, la comisión solicita que se les entrene. “Los médicos y otros profesionales de la salud a menudo no tienen una capacitación adecuada en trastornos por uso de sustancias para evaluar pacientes”, sostiene. Además, recomienda que el Departamento de Salud y Servicios Sociales (HHS, por sus siglas en inglés) coordine el desarrollo de un currículo nacional y un estándar de atención para todo especialista que prescriba estas sustancias.
Un desafío de marca mayor
En los años 80 y parte de los 90 se vivieron los horrores provocados por el consumo de crack, una droga ilegal con efectos devastadores sobre todo en grandes ciudades como Miami, Nueva York y Los Ángeles. A mediados de los 90, la metanfetamina también causaba estragos principalmente en San Diego, San Francisco, Denver y Hawái. Sin embargo, el abuso de los opiáceos es un desafío de marca mayor, pues ningún rincón de Estados Unidos ha sido incólume a esta epidemia.
Ahora todo el mundo mira hacia el Congreso. 2017 acabó sin novedades en cuanto a financiamiento para paliar esta crisis, y comenzado 2018 las discusiones continúan. Eric Hargan, secretario interino del HHS, ha señalado que la Cámara de Representantes ha propuesto US$ 15 mil millones en fondos mientras el Senado ha elevado esta cifra a US$ 45 mil millones. “Esperamos con interés escuchar del Congreso cómo tienen la intención de abordar esto”, dijo Hargan en una sesión informativa.
Sin embargo, los esfuerzos están encaminados. El Grupo de trabajo bipartidista contra la heroína de la Cámara de Representantes lanzó el 10 de enero su nueva agenda legislativa, que incluye —además de un impulso para aumentar los fondos— 17 nuevas medidas destinadas a abordar la epidemia poniendo el foco en la prevención, tratamiento, recuperación y aplicación de la ley.
Este grupo de trabajo también busca que el alicaído Fondo de Emergencia de Salud Pública se pueda solventar con nuevos recursos. Para ello, señalaron que uno de sus argumentos será que la epidemia se ha convertido en una carga para la economía, considerando —por ejemplo— que al menos hay seis millones de empleos vacantes porque potenciales trabajadores temen no pasar las pruebas de detección de drogas.
Por su parte, el Presidente Trump firmó en enero de este año el “Interdict Act” que otorgará a los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza dispositivos de detección adicionales para interceptar y analizar drogas ilegales como fentanilo, un opiáceo particularmente potente. La ley permitirá a los agentes de Aduanas analizar el contenido de los paquetes postales, gracias a una subvención de US$ 15 millones.
En cualquier caso, poner fin a la epidemia de opiáceos requerirá mucho más que unos pocos instrumentos high tech y una declaración de «emergencia nacional». Sin una financiación federal masiva, es decir, que cuente varias decenas de miles de millones de dólares, la crisis solo puede continuar. Y el dinero no es todo; la historia está plagada de ejemplos de políticas de drogas muy costosas que sólo han empeorado las cosas.
Implementar una solución perenne requiere empezar a extraer las lecciones de la crisis, en términos de percepción social de la adicción (debemos pasar de la “debilidad moral” al problema de salud pública), de tratamiento del dolor, de implementación de tratamientos efectivos y mensurables (y no moralmente satisfactorios), y especialmente en términos de acceso al tratamiento para todos.
Este frente de batalla exige dejar a un lado el letargo político y burocrático y actuar rápido para evitar que en los próximos 10 años mueran 500 mil personas más.