Por Oriol Esculies Plou, Psicólogo especialista en adicciones y Organizaciones No Lucrativas, Director de Proyecto Hombre (Cataluña) – artículo publicado en el sitio lasdrogas.info
Desde que en el mes de junio Rodrigo Duterte asumió la presidencia de Filipinas se calculan por centenares las personas asesinadas sin juicio previo ni proceso legal por traficar con drogas o simplemente consumirlas. Cumpliendo con sus promesas electorales, el actual presidente pretende así erradicar la escalada de problemas de drogas que se vive en el país.
Estas medidas violan la Declaración Universal de Derechos Humanos de la ONU (1), organización de la que Filipinas es miembro desde 1945. Matar a personas que consumen drogas es una atrocidad inadmisible. Los Estados, los organismos internacionales y las organizaciones de la sociedad civil debemos trasladar al gobierno filipino la más férrea condena de estos hechos.
Nos referimos a personas que son asesinadas por la policía o por los denominados “escuadrones de la muerte” por presuntamente haber consumido drogas. Y quizá consumían drogas porque no querían seguir sufriendo, porque perdieron la esperanza de romper con su situación de pobreza endémica, porque en sus barrios se instalaron las mafias y trafican para sobrevivir, porque no se invierte en las escuelas para prevenir el abuso de drogas, porque sus padres no supieron o pudieron educarlos mejor, porque padecen trastornos psicológicos pero como el coste de los fármacos es inalcanzable utilizan otras drogas para paliar el dolor. Son numerosos los factores que contribuyen a que una persona abuse o desarrolle una adicción a las drogas. Por ello, ya es sabido que cualquier política que centre únicamente su estrategia en la represión, penalización y persecución del narcotráfico y el uso de sustancias ilícitas está abocada al fracaso porque las causas de este fenómeno no deben atribuirse únicamente al individuo final de la cadena. Un problema complejo requiere de soluciones complejas.
¿Cuánto invierte el gobierno filipino en prevención y tratamiento de las adicciones? ¿Qué estrategias de concienciación social se desarrollan en el país para alertar a la población de los riesgos del abuso de drogas? ¿Qué responsabilidad tiene en la proliferación del consumo de drogas los altos índices de pobreza del archipiélago? ¿Qué política económica está tomando el presidente filipino para generar esperanza de futuro y puestos de trabajo a millones de jóvenes?
La repulsa internacional de estos crímenes, permitidos y alentados por el presidente Duterte, se vio acrecentada por la difusión de unas fotografías del chico Michael Siaron, postrado su cuerpo sin vida en la calle y en brazos de su novia Jennilyn, una pareja joven muy pobre y humilde que residían en una cabaña infrahumana entre basuras, como se observaba en las imágenes.
En 1946 se celebró la primera reunión de Naciones Unidas sobre lo que se percibía como una grave problemática mundial. 70 años después, la realidad muestra, y a pesar de ingentes esfuerzos, que nos enfrentamos ante un fenómeno persistente de escala global, complejísimo, quebrando la salud de millones de personas y afectando a la seguridad y el desarrollo de muchas comunidades.
Según datos oficiales de la ONU, en el mundo 250 millones de personas consumen drogas ilegales (por tanto, se excluye el alcohol, el tabaco y fármacos prescritos legalmente). Se estima que 4 de cada 5 personas drogodependientes no recibe tratamiento. En los últimos años, han crecido las voces entre muchos gobiernos y sociedad civil que reclaman un cambio de las políticas que se han venido aplicando en las últimas décadas, con la llamada “guerra contra las drogas”, y que han apostado por la lucha inflexible por reducir la oferta, combatiendo las mafias del narcotráfico y penalizando el consumo de sustancias ilícitas.
En el mes de abril se celebró una Asamblea General de Naciones Unidas especial para el Problema Mundial de las Drogas. Afortunadamente, los Estados Miembros, aprobaron un documento (2) que progresivamente va virando, aunque a paso lento, desesperadamente lento según los expertos, hacia un modelo de salud que pone el foco en los ciudadanos, sus necesidades y en la prosperidad de sus comunidades.
La descriminalización de las personas adictas viene marcada como otra de las prioridades. El drogodependiente no es un delincuente; es una persona que necesita ayuda y es posible ayudarlo a reinsertarse en la sociedad. A pesar de significativos avances en esta línea, en el acuerdo alcanzado no se logró introducir la eliminación de la pena de muerte por delitos relacionados con las drogas. Parece inverosímil que aún treinta países como China, Arabia Saudí o Tailandia violen los derechos humanos aplicando la pena de muerte. Su abolición pasa por aplicar medidas punitivas proporcionales y ofrecer programas terapéuticos sustitutivos al encarcelamiento, que han demostrado ser mucho más eficaces para la reinserción social. Esta ambivalencia quizá explique la excesiva equidistancia que la ONU toma ante el grave asunto de Filipinas.
Sirva este artículo para sumarse al dolor de los familiares y amigos de las víctimas asesinadas, para mostrar el apoyo al pueblo filipino y para pedirle al presidente Duterte que detenga esta política del terror incompatible con sociedades democráticas y de paz.
- ONU (1948). Declaración Universal de Derechos Humanos. http://www.un.org/es/documents/udhr/
- ONU (2016). Nuestro compromiso conjunto de abordar y contrarrestar eficazmente el problema mundial de las drogas. Resolución aprobada en la Asamblea General del 18 de abril de 2016. https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N16/110/28/PDF/N1611028.pdf?OpenElement
