Ejecuciones extra-judiciales en las Filipinas

Dianova se suma a la carta abierta de International Drug Policy Consortium (IDPC) para pedir que la Oficina de las Naciones Unidas contra la Drogas y el Delito (ONUDD) y la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) condenen los asesinatos extrajudiciales de personas sospechosas de consumir o traficar con drogas en Filipinas y pidan su cese inmediato. ONUDD e JIFE son las autoridades competentes en materia de control de drogas a nivel internacional.

• Carta abierta de la sociedad civil (versión completa, en inglés)
• Más de 300 ONG exigen una acción urgente para poner fin a las ejecuciones extra-judiciales en las Filipinas (artículo en inglés)

Extractos de la carta abierta de la IDPC publicada hoy

704 personas han sido asesinadas entre el 10 de mayo de 2016 al 29 de julio de 2016, según el medio de comunicación ABS CBN News, que hace un seguimiento del número de muertes relacionadas con las drogas. Según los informes, estos asesinatos han tenido lugar en varias partes del país, incluyendo Manila, Bulacán, Cebu, Rizal, Abra, Bataan, Pangasinan y Cavite, y han sido llevadas a cabo por la policía o los «sicarios no identificados». El número creciente de muertes que se producen a diario es el resultado directo de la campaña del presidente Duterte para eliminar los problemas relacionados con las drogas en el país.

Sr. Rodrigo Duterte ganó las elecciones presidenciales celebradas en Filipinas el 9 de mayo de 2016, asumiendo la presidencia el 30 de junio de 2016. Desde su campaña electoral, Duterte ha instado repetidamente a las fuerzas del orden, el público en general e incluso al Nuevo Ejército del Pueblo (NPA) de inspiración comunista a matar a las personas sospechosas de vender o traficar con drogas, así como las personas que consumen drogas, como parte de su promesa de poner fin a la actividad criminal en un periodo de tiempo de tres a seis meses en Filipinas. Aunque Duterte dijo en su discurso de inauguración que «[mi] adherencia al debido proceso y el imperio de la ley es inflexible» y «la República de Filipinas cumple con los tratados y obligaciones internacionales», Duterte ha hecho declaraciones públicas que incitan a las ejecuciones extrajudiciales y que contradicen sus intenciones de cumplir con las obligaciones de derechos humanos en Filipinas.

A pesar que los informes de homicidios denoten que no hubo resistencia violenta, el Presidente, el Procurador General y el Jefe de la Policía han asegurado que los agentes del orden serán protegidos contra la condena por delito en el ejercicio de sus funciones relacionadas contra las drogas, lo que implica por tanto impunidad de las ejecuciones extrajudiciales. (…)

Es imprescindible que ONUDD y JIFE, como autoridades mundiales competentes sobre el control internacional de drogas, exijan el fin de las atrocidades que tienen lugar actualmente en Filipinas, y que expliciten que estas acciones no constituyen medidas de control de drogas aceptables. Pedimos a ONUDD y JIFE que comuniquen los siguientes mensajes al Gobierno de Filipinas:

• Las acciones del presidente Duterte para incitar asesinatos extrajudiciales no pueden justificarse para alinearse con el control mundial de las drogas. Todas las medidas adoptadas para controlar las drogas en Filipinas deben basarse en el derecho internacional

• Soliciten al Presidente Duterte el fin inmediato de las incitaciones a matar a las personas sospechosas de haber cometido delitos relacionados con las drogas

• Alienten al Presidente Duterte a la defensa del estado de derecho y el derecho de garantizar un debido proceso y un juicio justo para todas las personas sospechosas de haber cometido delitos relacionados con las drogas, en línea con las conclusiones del Informe Mundial sobre las Drogas ONUDD 2016

• Promuevan un enfoque de salud y basado en la evidencia para las personas que consumen drogas, incluidos servicios voluntarios de tratamiento y reducción de daños, en lugar de la detención obligatoria, en línea con las previsiones de la ONUDD