«Instamos a todos los Estados que no lo hayan hecho, a que implementen una moratoria en el uso de la pena de muerte como paso previo a su abolición definitiva»
En el mundo aún hay 30 países en donde se aplica la pena de muerte para los delitos relacionados con el tráfico de drogas. Según Amnistía internacional, en el año 2015 se ejecutaron a 685 por estos delitos en todo el mundo. Arabia Saudí, Bahréin, China, Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Indonesia, Irán, Kuwait, Malasia, Omán, Pakistán, Qatar, Singapur, Sudán y Yemen son algunos de los países que perpetúan esta práctica, que además la defienden en foros internacionales.
Acabar con la pena de muerte para los delitos relacionados con las drogas ha sido uno de los principales resultados esperados por la gran mayoría de países y por los representantes de la sociedad civil de esta sesión de UNGASS. Sin embargo, a pesar de los grandes esfuerzos dedicados a este respecto, los susodichos países no han dado su brazo a torcer, y en el documento final de UNGASS no se ha puesto ninguna referencia al respecto.
Recordemos que estos documentos se aprueban por consenso, por lo que no puede haber aspectos disonantes.
Sin lugar a dudas, éste ha sido el tema más debatido a lo largo de los debates de UNGASS, en donde la mayoría de países han aprovechado el poco tiempo del que disponían para hablar en denunciar esta práctica que constituye una violación de los Derechos Humanos y del Derecho Internacional y pedir que se aplique una moratoria al respecto.
Esta UNGASS ha hecho un especial hincapié en favorecer un enfoque de drogas basado en las personas y en los derechos humanos, por lo que había un gran ímpetu en incluir en el documento final alguna referencia respecto a la pena de muerte. Por su lado, los países que aplican la pena de muerte para delitos de tráfico de drogas, han defendido que las normas internacionales no tienen competencia sobre este ámbito, y que cada país es soberano para decidir sobre cómo aplicar la justicia.
La UE junto con otros países[1] entre los que destacan Canadá, Chile y Uruguay publicaron una resolución pidiendo la aplicación de una moratoria al respecto:
«Tenemos una oposición firme e inequívoca respecto a la pena de muerte en todas las circunstancias. Consideramos que la pena de muerte atenta contra la dignidad humana y los errores cometidos en su aplicación son irreversibles. Por otra parte, la imposición de la pena de muerte por delitos de drogas está en contra de las normas del derecho internacional (…) Instamos a todos los Estados que no lo hayan hecho, a que implementen una moratoria en el uso de la pena de muerte como paso previo a su abolición definitiva».
Si bien, no se ha conseguido incluir la eliminación de la pena de muerte en el documento final, estamos convencidos que, tras esta UNGASS, estamos un paso más cerca de acabar con esta práctica cruel e inútil.
[1] Albania, Andorra, Argentina, Australia, Bosnia and Herzegovina, Cabo Verde, Canada,, Chile, Colombia, El Salvador, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Georgia, Iceland, Liechtenstein, Mexico, Monaco, Montenegro, Namibia, New Zealand, Norway, Panama, Republic of Moldova, San Marino, Serbia, Turkey, Ukraine, Uruguay y Uzbekistan.
