«Mejorar la calidad de vida de las personas»

Reunión con los usuarios - centro de Can Parellada (España)

Opinión, por Myriam Gómez García – El debate sobre la legalización de las drogas y su posible aplicación, trasciende al ámbito jurídico/penal. Cuando hablamos de legalización de un producto, inicialmente nos referimos a la regulación por parte del Estado de la producción y comercialización del mismo, en este caso las drogas. Estos aspectos tienen que ver con el mercado y su regulación. Sin embargo en el caso de las drogas, la posible regulación/legalización puede repercutir tanto en el uso como en el abordaje terapéutico o relación de ayuda. Es desde este punto de vista que las organizaciones y profesionales que trabajan en el ámbito de las drogodependencias pueden y, en mi opinión, deben aportar argumentos al debate.

Desde hace años existe más o menos consenso en la comunidad científica para defender que el fenómeno de las drogodependencias es un fenómeno multidimensional, esto implica que cualquier cambio significativo en alguna de las dimensiones provoca y produce cambios en el fenómeno. El debate sobre la legalización o regulación de las drogas, como he reflejado anteriormente, trasciende al ámbito jurídico ya que también el estatus legal o no de estas sustancias influye en la visión criminalizadora hacia el usuario de drogas lo que ha dificultado, en muchas ocasiones, un abordaje terapéutico normalizado centrado en un problema de salud, entendiendo la salud como un estado de completo bienestar o equilibrio entre factores físicos, mentales sociales y medioambientales, siendo uno de los elementos fundamentales que determinan la calidad de vida.

Sin tomar una postura clara ante el debate legalización si/legalización no, creo que es importante hacer un análisis lo más objetivo posible de las consecuencias que la legislación tiene sobre los abordajes preventivos, terapéuticos y de incorporación social en el fenómeno de las drogodependencias. Como ejemplo de una de esas consecuencias, señalaré que la legalización posibilitaría la desarticulación de las mafias del narcotráfico y, establecidos controles sanitarios sobre las drogas libremente comercializadas, el producto que llegaría al consumidor sería de mucha mejor calidad que el que en la actualidad se obtiene, con lo que se estaría cuidando la salud y reduciendo los daños que hoy aquejan a quien no tiene más remedio que comprar las drogas en el mercado clandestino. Este análisis se debe abordar no tanto desde una perspectiva ideológica, económica o moral (ya hay otros actores que la abordan desde esas perspectivas), sino el abordaje se debe plantear desde la intervención educativa, terapéutica y social que se realiza con las personas que, o bien pueden estar o están en riesgo, con aquellas que presentan problemas serios de consumo o con aquellas que una vez superados los problemas de consumo tienen que retomar sus procesos de incorporación social.

En muchas ocasiones, el debate sobre la legalización está impregnado de intereses económicos, políticos, ideológicos e incluso ético/religiosos que determinan los abordajes terapéuticos o la relación de ayuda. Creo que hay que intentar trascender esos intereses para poder centrarse en las personas que pueden ver mermada su calidad de vida y su pleno desarrollo personal y social.

Para ir concluyendo, me gustaría señalar que cuando el consumo de drogas ocasiona sufrimiento a las personas, los profesionales y organizaciones que nos dedicamos a mejorar la calidad de vida de las personas tenemos que apostar y defender aquellos contextos y posicionamientos que vayan encaminados a reforzar la calidad de nuestras intervenciones con las personas que tienen dificultades para tener o mantener un desarrollo vital y social no excluyente.

Myriam Gómez García, diplomada en Trabajo Social (UCM), experta universitaria en Terapia Familiar en psiquiatría (UCM), especialización en Liderazgo e Innovación Social (ESADE). Lleva trabajando más de 20 años en el ámbito de las drogodependencias en distintas ONG, la última década en Dianova , desempeñando distintas funciones: intervención directa con usuarios de drogas, gestión de proyectos,  formación, desarrollo estratégico y relaciones institucionales. En la actualidad forma parte del patronato de la Fundación Dianova y representa a Dianova en la Red Navarra de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, asumiendo la Presidencia de dicha Red desde 2013.